ENSAYOS SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL (fragmentos)

Liberalismo e igualitarismo

Las consideraciones acerca de la equidad están sesgadas por las apreciaciones subjetivas o los juicios de valor del ponente. En este trabajo nos ocuparemos de analizar las ideas-fuerza de los dos enfoques más extremos en relación a la teoría del bienestar, para, a partir de ellos, descubrir el marco idóneo que nos encamine hacia un escenario más ponderado, equilibrado y viable de intervención socioeconómica.
Intentaremos dilucidar cómo, en sus rasgos más estructurales, el liberalismo y el igualitarismo más extremo comparten fundamentos muy similares (ambos consideran que la curva de utilidad es la misma para todos los ciudadanos, independientemente de otro tipo de características objetivas o subjetivas es una línea horizontal recta).
Comencemos por el liberalismo, para lo cual hemos seleccionado un ilustre representante de la escuela de Chicago: Milton Friedman. Para este autor, el principio ético que guía la distribución de la renta en una sociedad de libre mercado sería el de «a cada uno, según lo que él y los instrumentos que él posee produce». Esta noción, que participa de los criterios de justicia distributiva basados en la dotación de los factores (y la formación de precios de mercado), no reconocería otra distribución de la renta que no fuese la «natural» en el juego de interrelaciones de los actores económicos, más allá de las diferencias de partida en los horizontes vitales de los individuos. Dicha máxima parte de la base de que los seres humanos vienen al mundo siendo desiguales y de que el hombre no es quién para cambiar los designios de la providencia (o la realidad de las cosas):

«Gran parte del fervor moral que hay tras el impulso en pro de la igualdad de resultados, proviene de la difundida creencia de que no es equitativo que ciertos niños tengan una gran ventaja sobre otros sencillamente porque sus progenitores eran más ricos. Desde luego, no es equitativo. Sea como sea, la falta de equidad puede adoptar muchas formas: herencia de los bienes -títulos y acciones, casas y fábricas- o herencia del talento -capacidad musical, fuerza, genio matemático-. La herencia de los bienes se puede interferir más fácilmente que la del talento. Pero desde un punto de vista ético, ¿hay alguna diferencia entre ambas?».
M. y R. Friedman

(Resulta tentador comparar este pensamiento con el de los calvinistas y puritanos estudiados por Max Weber en La ética protestante, los cuales atribuían su riqueza y su éxito económico y social al «mérito», al trabajo, a la frugalidad y al designio de la providencia. El «mérito» sería medible en unidades de talento. Por lo tanto, los pobres lo serían por demérito propio -o de sus padres- y por decisión divina, con lo cual sería a Dios, no a los hombres, a quien se le habría de pedir responsabilidades.)
El hombre, según esta doctrina, no debería alterar el funcionamiento «natural» y espontáneo de la realidad, puesto que al hacerlo estaría perturbando el mecanismo de los precios que regula la maquinaria de la acumulación, y los incentivos que dan fuelle a la creatividad humana. Por otro lado, las concepciones igualitaristas (o equitativas) no serían más que la constatación del carácter egoísta y envidioso de la naturaleza humana:

«En toda sociedad, por organizada que esté, la distribución de la renta siempre produce descontento. A todos nos cuesta trabajo entender por qué cobramos menos que otros que no parecen estar más preparados (...) Los campos más lejanos siempre parecen más verdes, y con esta visión criticamos al sistema establecido. En un sistema basado en las órdenes, la envidia y la insatisfacción apuntan a los gobernantes. En un sistema de mercado libre, apuntan al mercado».
M. y R. Friedman

A partir de esta argumentación se colige que el cuestionamiento del statu quo no haría más que minar las bases del bienestar general, partiendo del supuesto de que es mediante el incremento de la riqueza nacional como se incrementa la felicidad general, no a través del reparto de los factores o de la renta que generan los bienes económicos. El igualitarismo y la equidad se oponen, pues, tanto a la libertad, a la realidad de las cosas, como a la eficiencia.
Partiendo de esta premisa, M. Friedman llega a conclusiones paradójicas, e incluso contradictorias con el ideal liberal. Según él, la verdadera y genuina democracia es la que perfila el mercado, es decir, la que nos da opción a escoger entre la amplia gama de productos y oferentes (voto por el consumo), no aquella que puede despojar a unos para dar a otros:

«Si formamos parte de la minoría, debemos someternos al voto de la mayoría y esperar que llegue nuestro turno. Cuando votamos cada día en el supermercado, conseguimos exactamente lo que hemos votado, y lo mismo ocurre con todas las demás personas. La urna de las votaciones da lugar a un sometimiento sin unanimidad; el supermercado, por el contrario, a una unanimidad sin sometimiento. Por esta razón es importante utilizar las urnas, en tanto sea posible [el subrayado es nuestro], sólo para las decisiones en que el sometimiento es esencial».
M. y R. Friedman

La democracia de mercado se fundamenta en la solidez de un sistema instituido que da opciones a sus «votantes», si bien no hace nada por alterar tal sistema (pues éste viene dado por el reparto de rentas y patrimonios). La democracia de los pobres, de las masas, sin embargo, puede ser perturbadora porque en ella los menos dotados pueden votar políticas de realineamiento de cargas y derechos económicos y sociales que altere el statu quo instituido de forma «natural»:

«En cierto modo, hay una diferencia inconmensurable entre dos tipos de asistencia a través del estado que a primera vista pueden parecer similares: primero, el 90 por ciento de nosotros [el subrayado es nuestro] aceptamos gravarnos a nosotros mismos con impuestos a fin de ayudar al 10 por ciento restante; segundo, el 80 por ciento vota para gravar al 10 por ciento más próspero, a fin de ayudar al 10 por ciento restante (...) El primer tipo puede ser acertado o no serlo, puede ser un modo eficaz o ineficaz de ayudar a los que están en situación desventajosa, pero es coherente con la creencia en la igualdad de oportunidades y en la libertad. El segundo tipo contempla la igualdad de resultados y es totalmente antitético respecto de la libertad».
M. y R. Friedman

La noción liberal -representada por M. Friedman- de democracia formal y de igualdad de oportunidades son dignas de análisis: la primera, como vemos, es reticente a poner en manos del pueblo los instrumentos que le permitan cambiar el sistema instituido, y más bien se aproxima a la noción decimonónica liberal de democracia censitaria; la segunda acude al tópico de atribuir al liberalismo y a la economía de mercado la noción de «promoción» a través del mérito, el trabajo y la creatividad (no de la arbitrariedad, el estamentismo o el nepotismo), lo que supuestamente dotaría de incentivos a los individuos para ascender por la escala social. Es decir, la igualdad de oportunidades que propugna, al contrario de lo que afirma, pasaría a ser igualdad de resultados a partir del mérito, y la igualdad de resultados que denosta, no sería más que una igualdad de oportunidades desde el origen.
Expliquémosnos: M. Friedman interpreta la igualdad de oportunidades de una manera sesgada pues presupone que todo el mundo puede saltar el muro que separa la pobreza de la riqueza si dispone de -o puede construirse- una escalera. Es esa «oportunidad» de poder saltar el muro lo que él interpreta como igualdad de oportunidades. Pero en puridad, es la posibilidad de disponer o no de una escalera lo que cabría llamar así, y sería el acto de saltar el muro lo que habríamos de llamar igualdad de resultados. Así pues, M. Friedman incurre aquí en un grave error lógico.
(Es cosa sabida que algunos pensadores norteamericanos se diferencian de los europeos por su desprecio por las formas y por su despliegue de informalidad cuando tratan de exponer sus pensamientos esenciales. Milton Friedman es, en este sentido, un ejemplo paradigmático: especialmente por lo que se refiere al método de la reductio ad absurdum, que en ocasiones raya en la chabacanería y el mal gusto. Por otro lado, incurre en sofismas intelectuales al recoger como axiomas ciertas ideas simplistas que son difícilmente sostenibles bajo una análisis riguroso y desapasionado. Su axiología descansa en presupuestos morales herederos del protoliberalismo puritano y censitario, que para destacar las virtudes del patriciado americano no desdeña acudir a parábolas y analogías denigratorias hacia los plebeyos que -implícitamente- «merecen su postración». Haciendo una extrapolación histórica, Milton Friedman sería el Cicerón norteamericano moderno que suspira por las viejas virtudes perdidas de la supuesta Edad Dorada republicana descrita por Alexis de Tocqueville en la primera mitad del siglo XIX.)
A la vista de lo expuesto hasta el momento, queda clara la noción que M. Friedman tiene de la libertad: libertad para que el rico disfrute de sus riquezas, y para que el pobre se anime a emularlo y, si acaso, aspire a niveles semejantes de prosperidad. Pero esta noción de libertad parte del supuesto de que el mercado ha de asignar espontáneamente los recursos, sin interferencias exteriores. Así pues, el papel del Estado sería el mínimo que perfilaba Locke (82) con el aditamento de algunas otras funciones que implícitamente le añadía Adam Smith (el llamado «cuarto supuesto», más allá de sus funciones represoras, judiciales y prestadoras de bienes indivisibles, que incluiría cierta forma de caridad pública). Pero no nos engañemos, ésta no sería una debilidad en el paradigma liberal, sino una mera concesión a la eficiencia del sistema (obras públicas), así como a la gracia y la caridad del patricio responsable (beneficencia pública).
Milton Friedman va un poco más allá que Adam Smith, pues, según él, el sistema económico y social no puede tolerar situaciones extremas de pobreza por motivos tanto éticos como estéticos, de ahí que le sea dado instituir sistemas de reparto de la renta de cara a aliviar situaciones desesperadas, no de alterar la distribución factorial de la renta y de la riqueza. Estas medidas se fundamentarían en un impuesto -lineal- negativo de la renta (que más adelante estudiaremos con mayor detalle), en un fomento de la caridad y la asistencia privada, y en una liberación de la sociedad civil del corsé del Estado (regulaciones, controles, impuestos, etc.), para maximizar la riqueza y, por lo tanto, el bienestar global.
Las medidas redistributivas con carácter de impuesto negativo sobre la renta tendrían forma monetaria y serían excluyentes con otras medidas en especie (especialmente educación y sanidad) provistas por el Estado sin contraprestación económica. El Estado se desentendería del uso que los beneficiarios hicieran de esos recursos (incluso a costa del bienestar de sus hijos o cónyuges) para no conculcar la libertad humana (del patriarca). (Es conocida la renuencia liberal a conceder bienes en especie con un efecto-renta; el liberalismo dogmático prefiere políticas en efectivo -tipo cheque-escolar, bonos de comida o subsidios pagaderos para atención sanitaria- para que el beneficiario, en último término, sea responsable de sus propios quehaceres: cualquier otra medida sería considerada paternalista y por lo tanto totalitaria.)
Este modelo social, a grandes rasgos, es el vigente en los Estados Unidos, donde existen multitud de programas -en efectivo- y de medidas de beneficencia -de instituciones públicas o privadas- con carácter contingente, es decir, no sometidas a imperativos vinculantes por parte de sus promotores. Este sistema de provisión de beneficios conculca, si no la libertad, sí la dignidad de las personas, y tiene un alto costo en forma de dependencia (pues al tener carácter monetario, su sustitutivo en forma de trabajo tendría un alto efecto-sustitución -que actuaría desincentivando el trabajo frente a los subsidios pagaderos en efectivo- para los beneficiarios).
Así pues, la doctrina ultraliberal de M. Friedman recela de aquellas medidas implementadas por parte del Estado que no sean la pura y simple caridad en aras de la socorrida apelación a la libertad (que, como hemos visto, no se extiende claramente a la libertad política -de voto- en las urnas cuando ésta puede privilegiar el voto de los pobres) y a la autonomía de la sociedad civil, en parte, por prejuicios de tipo ideológico y, en parte, por presunciones de tipo económico: fundamentalmente, su escepticismo ante el concepto de demanda agregada keynesiana, que según Friedman no sería tal, pues «el Estado recoge con la mano derecha cien dólares prestados de unas personas y entrega el dinero con la mano izquierda a las personas a quienes va a parar el gasto. El dinero está en manos diferentes, pero la cantidad total de dinero no ha variado».
Su doctrina la expresaría en una declaración de derechos autodenegante plasmada en la Constitución, que establecería no lo que el Estado puede hacer, sino lo que no debe hacer en aras de la libertad y del respeto a los principios fundamentales de la economía de mercado.

Abordamos a continuación el estudio de la «alternativa» igualitaria. Comencemos por entender el significado del término «socialismo» (como paradigma del «igualitarismo», del mismo modo que el «capitalismo» lo sería del «liberalismo») según lo argumentado por M. Dobb:

«Algunos razonamientos modernos sobre el socialismo tienen la tendencia a desplazar el centro de la discusión lejos de la cuestión de la propiedad hacia la de la igualdad social. Sin embargo, un tratamiento de la esencia de la economía socialista que no se basara en la propiedad social de los medios de producción representaría un rompimiento definitivo con la tradición del pensamiento socialista, tal como fue heredado del siglo pasado y de como ha inspirado los intentos por construir una sociedad característica en el siglo actual».
M. Dobb

Así pues, sólo cabe una interpretación del socialismo, y cualquier otra dejaría de representarlo:

«El socialismo es un sistema de propiedad comunal (o social) de los medios de producción, establecido con el propósito de hacer (o conservar) la distribución del ingreso, la riqueza, la oportunidad y el poder económico lo más igualitaria posible».
Carl Landauer

Pero más allá de tal declaración de intenciones nos asaltan las dudas: presuponiendo la existencia de una propiedad colectiva de los medios de producción, ¿ésta pertenecerá al Estado o a grupos cooperativos de trabajadores o consumidores?; la propiedad colectiva descentralizada ¿tiene carácter permanente o temporal (usufructuaria)?; y más allá el sistema ¿funcionará de forma planificada (burocrática) o descentralizada (cooperativa)?. Es bien sabido que ni Marx ni Engels (al menos el primero) hicieron mucho por aclarar estas cuestiones, pues se limitaron a diseccionar el sistema realmente vigente en sus días sin especular cómo habría de ser su recambio (socialista) futuro.
(Así, no entraron en detalles sobre cómo habría de configurarse el sistema político alternativo, o el reparto de la renta: ¿habría de ser igualitario, o bien discriminante en función de las horas de trabajo-hombre debidamente ponderadas por el valor-trabajo asignado a cada ocupación, ya sea por causas objetivas -desutilidad de cada trabajo o nivel de cualificación profesional- o por la dinámica del mercado?, ¿o en cambio una sociedad colectivista y planificada no presupone un igualitarismo en las rentas y las prerrogativas, al instituir unos privilegios destinados a las «vanguardias» o a las élites socialmente privilegidas?).
No es nuestra intención profundizar en las carencias del análisis igualitarista por lo que se refiere a las lagunas que dejó (de ello pretendieron encargarse otros teóricos de segunda o tercera generación, tales como K. Kautski, Lenin, N. Bujarin, G. Lukacs, A. Gramsci, K. Korsch, O. Lange, etc.), especialmente en el ámbito de lo económico (productivo) y de lo político (naturaleza del Estado, concepto de la representación de la soberanía popular, interpretación de «democracia», etc.) Más bien nos centraremos en analizar la interpretación igualitarista por lo que se refiere al reparto factorial de la renta y las oportunidades.
Ya hemos visto que Maurice Dobb interpreta al socialismo desde su enfoque economicista (o infraestructural), y relativiza la interpretación igualitarista. Pero no todos los teóricos tienen la misma visión. Por ejemplo, Oskar Lange (en Sobre la teoría económica del socialismo) cree posible optimizar la distribución de los ingresos de tal manera que se maximice el bienestar social, y con el fin de compatibilizar este objetivo con el de la eficiencia económica describe un mecanismo de «tanteo» y de valoración (en definitiva, de precios) que, según él, se aproximaría al que viene dado por el mercado.
Sin embargo, esta maximización del bienestar social (que iría acompañada de un mecanismo de regulación espontánea de precios a través de un mercado socialista, no exento de planificación ni de dirigismo) se fundamentaría en la existencia de una única curva de utilidad marginal, igual para todos, por lo cual la distribución del ingreso vendría dada más por el reparto entre ingreso y ocio que por el reparto de renta en efectivo. Según esta visión la igualdad en la distribución de la renta conllevaría inexorablemente la maximización del bienestar social, pues atendería en primer lugar a las necesidades más urgentes y sólo subsidiariamente a las menos perentorias (los lujos).
Asimismo, la democracia económica (libre elección de los consumidores, o democracia de mercado tal como la entendía M. Friedman) estaría más garantizada con una distribución de la renta más igualitaria, pues la elección del consumidor sería más libre, al estar despojada de la escasez factorial y la desigualdad en los horizontes vitales. Así pues, el igualitarismo presupone que la libertad la otorga graciosamente la igualdad, desdeñando interpretaciones que apelan a las diferentes curvas de utilidad marginal de los individuos, ya que todos los individuos serían, según esta interpretación, en esencia iguales, con parecidas necesidades:

«La distribución tiene que ser tal que un mismo precio de demanda ofrecido por diferentes consumidores represente una misma urgencia en sus necesidades. Esto se consigue si la utilidad marginal de la renta es idéntica para todos los consumidores».
Oskar Lange

Ello, en la práctica, supone que hay necesidades de primer y segundo orden de urgencia (que el organismo de planificación central ha de dictaminar), y que los individuos no pueden aspirar a aquellos objetivos que superen tal orden de prioridades, primero, porque al no existir libertad de mercado ello no es -en la práctica- posible, y porque, tal vez, socialmente no fuese deseable (por ejemplo, los individuos que den mayor rango de utilidad a la riqueza individual -al acaparamiento- y a la distinción sobre los demás, se verían inevitablemente constreñidos ante un sistema que limite los stocks de riqueza en manos de los particulares).
Por mucho que se quiera minimizar el talante totalitario, arbitrario o paternalista de interpretaciones colectivistas, igualitaristas o planificadoras, no cabe ignorar la visión gregaria que conlleva una interpretación de sociedad-masa frente a la del individuo-soberano:

«El socialismo, sin embargo, si es que va a significar algo en términos de relaciones y psicología humanas, debe, es de suponer, implicar el reemplazo de las motivaciones puramente individualistas y la modificación (si no la subordinación), en cierto grado, de las acciones e intereses individuales por influencia del grupo. Por lo tanto, alguna fusión de los intereses e incentivos individuales y colectivos deberá con toda seguridad esperarse; y el nivel más adecuado para que esta fusión tenga lugar parece ser el de las unidades productivas o el del grupo de trabajo».
Maurice Dobb

Es esta interpretación gregaria, implícita en la lectura igualitarista (misma curva de utilidad marginal) del adagio marxista «de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades» (que se puede encontrar en su obra Crítica al programa de Gotha), la que se ha demostrado fracasada en los países del Este de Europa y en otras partes del mundo. Sin embargo, cabe hacer otra interpretación de esta frase más acorde con la autonomía y la libertad humana, una vez que el enfoque «sociedad-masa» ha entrado en descrédito. Ésta sería la de interpretar el principio «de cada cual..., a cada cual...» desde el punto de vista agregado, es decir, aquel que partiendo de la riqueza global otorga un valor-coste cero a ciertos bienes económicos y sociales de los que se dota un país para repartirlos equitativamente entre los ciudadanos en función de sus necesidades.
Éste sería el principio de la llamada Economía del Bienestar, que evolucionó a partir de interpretaciones sincréticas (socialdemócratas o liberales heterodoxas) y que cuajó en forma del Estado-providencia de hoy en día. Tal como afirma M. Dobb: «Puede, por cierto, decirse que la economía del bienestar, o por lo menos "la nueva economía del bienestar" se ha convertido en una ideología».
Nosotros diríamos que esta nueva doctrina, poco a poco, ha ido suplantando las bases teóricas del igualitarismo socialista al privar de argumentos a sus discípulos por lo que se refiere a la pretendida tendencia innata del capitalismo al estado estacionario (es decir, a su propia autodestrucción), al agotar supuestamente las opciones atractivas de inversión, aumentar las desigualdades extremas y la miseria, y al exacerbar sus desequilibrios estructurales (ciclos, concentración de la renta y la riqueza, disminución tendencial de la tasa de ganancia...) Un poco más adelante nos ocuparemos de analizar qué ha sido de estas expectativas desde principios de la década de 1970.

Aquí acabamos el análisis por separado de la doctrina liberal y la igualitarista. Aparentemente, la primera primaría la libertad sobre la igualdad, y la segunda haría lo opuesto. Pero, ¿son ambas tan opuestas como pretenden ser? Reflexionemos sobre este asunto:

1) Ambas doctrinas tienen su raíz (en su forma más depurada) en el siglo XIX.
2) Ambas parten de la existencia de una única curva de utilidad marginal y rechazan la existencia de valoraciones diferentes de la última unidad de renta de cada individuo (en el caso del liberalismo se expresaría en la Teoría de la Imposición Óptima, o sea, en sistemas impositivos lineales; en el caso del socialismo, en su forma más prototípica, en la distribución de ingresos parecidos para parecidos esfuerzos medidos en horas de trabajo).
3) Ambas desconfían del derecho ilimitado a la libertad de decisión política de los individuos -marginales o periféricos-, pues ello supuestamente pondría en peligro la pervivencia del sistema (en el caso del liberalismo, una democracia que permita a los pobres expropiar a los ricos es tan indeseable como para, en el caso del igualitarismo, una sociedad autónoma es peligrosa para los objetivos últimos del sistema).
4) Ambas condenan al individuo a ser un juguete en manos de un objetivo superior, ya sea el mercado en el caso del liberalismo, ya sea la sociedad-masa en el caso del igualitarismo.

(Es evidente que ni el liberalismo ni el igualitarismo, en sus concepciones más extremas o en las híbridas -ni en la teoría ni en la práctica- han logrado resultados satisfactorios que avalen su eficiencia. La ausencia de teorías alternativas ha sometido al mercado actual de las ideas a un estado de permanente confrontación -en forma de círculo vicioso sometido a la «ley del péndulo»- que periódicamente tiende a sacralizar o anatemizar el «corpus teórico» de los referidos idearios y sus aplicaciones prácticas, partiendo siempre de una misma encrucijada de caminos con destinos dispares que desembocan en un mismo y único callejón sin salida. Nuestra posición al respecto se inclinaría por profundizar en ideas alternativas, no rehuyendo sino superando dicha batalla dialéctica, partiendo del supuesto, no sin fundamento, de que un insuficiente y errático desarrollo del pensamiento económico ha impedido resultados más satisfactorios.)
Así pues, la teoría del Estado Social de Derecho sería la síntesis de los aspectos subscribibles y positivos de las dos interpretaciones extremas diseccionadas aquí. Más adelante analizaremos las fallas del modelo social que configura: el llamado Estado del Bienestar.

¿Qué ha fallado en la «Teoría del Bienestar»?

Los presupuestos axiológicos y teóricos sesgan hacia un lado u otro el análisis sobre el llamado Estado del Bienestar (y, en general, sobre la distribución de la renta). No obstante, si de algo ha adolecido el planteamiento -existente en el mercado de las ideas- referido a esta materia es de un cierto estrabismo intelectual, puesto que a duras penas se han realizado análisis integrados de la realidad, sino más bien sectoriales. Es decir, si de algo ha pecado el análisis sociológico, político y económico sobre los problemas distributivos, es de cortedad de miras.
Se echan a faltar estudios que incardinen los aspectos económicos, sociales y políticos en una unidad integrada, pues la evidencia empírica ha demostrado que la realidad constituye un todo interrelacionado en el que la aplicación de medidas social o moralmente favorables en sí puede tener repercusiones inesperadas -negativas- que relativicen su utilidad o su oportunidad (este razonamiento fundamenta la supuesta dialéctica entre los principios de solidaridad y responsabilidad).
(Dicho esto, tampoco se puede obviar toda la carga ideológica y sofística que hay detrás de supuestos análisis «desapasionados» sobre los vicios y defectos del Estado del Bienestar, que encubren fuertes intereses económicos y de poder.)
Comenzaremos repasando la sintomatología de la crisis que supuestamente ha dado inicio al enconado debate sobre el Estado del Bienestar que colea desde hace varios lustros. Para ello nos serviremos de las pautas que aporta Ramesh Mishra en su antológica obra The Welfare State in crisis (la Sociedad del Bienestar en crisis). Los supuestos síntomas de esta crisis serían:

1) La pervivencia de un cuadro de estanflación (estancamiento con inflación), en el cual el Estado Social es visto como una barrera al crecimiento.
2) El fin del pleno empleo y la existencia de un desempleo a gran escala.
3) La crisis fiscal del Estado, con un resultado en forma de déficit público autosostenido (los recursos fiscales no son suficientes para atender las necesidades sociales que son resultado de la crisis y de la demografía: desempleo y envejecimiento, básicamente).
4) La declinación de los recursos disponibles para atender a las necesidades sociales y el consecuente recorte de servicios.
5) La pérdida de confianza en la pervivencia del sistema de protección social y de economía mixta. Las medidas macroeconómicas de corte keynesiano han perdido respetabili-dad.

Una vez que se acepta (como un hecho dado incuestionable, es decir, como un axioma) este diagnóstico, cabe preguntarse qué ha sido del modelo Keynes-Beveridge puesto en marcha tras la segunda guerra mundial, especialmente en Inglaterra (bajo su forma de prestación gratuita y universal de servicios sociales) y en otros países (representados por el modelo norteamericano, prestador de rentas en metálico mediante programas específicos, y por el modelo austro-sueco, que incluye tanto prestaciones en metálico como en especie, y que ha primado relaciones de integración -corporativismo- social y participación de los trabajadores en el sistema).
La perspectiva histórica, tras los primeros síntomas de la llamada crisis del Estado del Bienestar a principios de los setenta, apunta, en justicia, a que aquel modelo de protección social está condicionado por su rigidez, así como por la naturaleza «sensible» de sus efectos: el Estado Social genera unos derechos adquiridos que no se pueden recortar a corto plazo sin una fuerte oposición social. A pesar de ello, al menos en Inglaterra (durante la hegemonía conservadora), los gastos de protección social no variaron sustancialmente, mientras que la progresiva aplicación de medidas desreguladoras (en el ámbito económico, administrativo, sindical y fiscal) por un lado favorecen niveles más elevados de empleo (y de precariedad), y por otro los intereses y las expectativas de los más ricos (este análisis, a otra escala -mayor- es también aplicable a los Estados Unidos).
Consiguientemente, en los medios liberales no cesan los requerimientos en favor del «Estado mínimo» (sujeto sólo a las necesidades básicas de orden público, defensa, justicia y obras y servicios públicos elementales), con la pretensión de saltar desde políticas macroeconómicas que atienden a la demanda agregada a aquellas que favorecen y estimulan la oferta (economía de oferta) o que restringen el consumo improductivo y la inflación (políticas monetaristas).
En el plano social, la misma corriente de opinión aboga por un abandono público de los servicios en especie y, en menor medida, su atención a aspectos de corte caritativo -o benefactor-, con prestaciones en metálico (cheque escolar, vales de comida, remuneración en metálico de la atención sanitaria, impuesto negativo de la renta...) Esta visión «compasiva» se compagina con un talante «voluntarista», es decir, no coaccionador, de la atención social: el ciudadano contributivo no se ve forzado, imperativamente, a colaborar en la atención de los más pobres y, en su caso, se le dan facilidades (mediante bonificaciones fiscales) para atender de forma voluntaria a sus inquietudes sociales. Así es como numerosas fundaciones norteamericanas no son más que trusts disfrazados de utilidad pública.
(Qué duda cabe que este afán filantrópico favorece, por activa -mediante su papel de evasión y dispersión fiscal de rentas- y por pasiva -en sus servicios- fundamentalmen-te a las clases adineradas, al orientarse hacia objetivos minoritarios y elitistas: arte, alta cultura, universidades privadas, becas de investigación, etc. Más allá de ahí nos encontramos con una caridad acalladora de conciencias y salvadora de almas piadosas, tan querida por puritanos acaudalados y magnánimos.)
En definitiva, esta ola neoliberal representa una ruptura del compromiso tácito que a mediados del siglo XX llevó, por fin, la paz al atribulado continente europeo. Ello sería trasunto de una pérdida de conciencia social solidaria, de un retorno al individualismo egoísta, disfrazado de una poco convincente apelación a la eficiencia y a la responsabilidad:

«El mismo individualismo atomístico impide a la Nueva Derecha reconocer el problema de la "justicia social". Si la sociedad es vista como la simple existencia de individuos, participando en el juego del mercado de acuerdo con las reglas corrientes y ejerciendo sus oportunidades en el marco del mercado, para bien o para mal, entonces ¿dónde está el problema de la "justicia social"? Éste desaparece».
Ramesh Mishra

La pérdida del imperativo moral y social hace retornar el discurso desde «el todo vale más que la suma de las partes» hasta el argumento de la «suma cero» (es decir, lo que unos ganan, otros lo pierden). Otra forma de expresar este razonamiento es enfocar la estrategia desde el «reparto de la tarta» hasta el engrandecimiento de las porciones a repartir, pero no mediante el reparto, sino gracias al crecimiento del pastel. La reivindicación de la eficiencia frente a la equidad descansa en el siguiente aserto: el bienestar social pasa a través del aumento global de la riqueza, no de la corrección de las desigualdades, puesto que, supuestamente, el aumento de la riqueza social ya por sí sola, de forma espontánea, autorregulada y factorial, mejoraría objetivamente las condiciones de vida de los más pobres, sin necesidad de intervención exterior del Estado.
Si la nueva derecha pareció estar arrinconada y latente en los tiempos del auge del keynesianismo y del Estado del Bienestar, la nueva izquierda estaba más activa que nunca: aparecieron nuevos análisis del neocapitalismo (Ernest Mandel), del neoimperialismo (Samir Amin), de la neoalienación (Herbert Marcuse) y del nuevo estado estacionario (corregido por el derroche improductivo -publicitario, armamentístico y financiero-, según Paul Baran y Paul M. Sweezy). Para los neomarxistas la realidad neocapitalista era ambivalente: por un lado suponía una mejora objetiva en las condiciones de vida de los trabajadores centrales de los países avanzados, y por otro era una medida «cosmética» de cara a dar legitimidad al sistema.
Pero, con el resurgimiento de la nueva derecha, el análisis neomarxista pasó a adoptar el papel de la última trinchera: ante las concesiones de los socialdemócratas, aquel pasaría a ser el muro de contención frente a la desregulación y el desmantelamiento del Estado Social. Entre los neomarxistas aparecieron nuevos análisis, como el de la llamada crisis fiscal del Estado de James O'Connor (tendencia que experimentan los gastos gubernamentales a crecer más rápidamente que los ingresos) que, pese a su lucidez, poco hicieron para aportar rigor científico y coherencia lógica al entramado jurídico, político y económico que conforma el Estado Social de Derecho. (Partimos de la base de que las aportaciones socialdemócratas son aun más escasas, y que, en todo caso, éstas se caracterizan por tener carácter inmediato, práctico, disperso y oportunista, al consistir en medidas ad hoc de creación de nuevas prestaciones sociales al socaire de los oportunismos -políticos- coyunturales.)
Es decir, frente a la acometida neoconservadora, no ha existido una réplica coherente y sólida de carácter teórico que ponga orden en el caótico entramado de la protección social. Más bien se ha aplicado la política del «parcheo» y, como veremos un poco más adelante, de evasión de las propias responsabilidades mediante supuestas búsquedas de consensos, lo que no es más que una manera de compartir con otros la impopularidad de las medidas que se pretenden aplicar. No ha habido una visión global, holística, que integre la esfera de lo económico, de lo político y de lo social en una unidad. Una vez que el keynesianismo (y, por extensión, las políticas de demanda) se ha demostrado insuficiente y extemporáneo (no se ha renovado al paso de las nuevas realidades) es necesario buscar nuevos puntos de referencia teórica.
Al principio de este punto nos referíamos a los síntomas de la crisis del keynesianis-mo. Ahora (sin ánimos de exhaustividad) nos ocuparemos de identificar algunas de las causas que habrían generado tales disfunciones:

1) Las reglas del mercado económico se han asentado también en el ámbito de lo político: los profesionales de la política venden su «producto», en forma de promesas, al mejor postor. Tales promesas, cómo no, tienen un coste económico que a duras penas se corresponde con el coste político de contraerlas o con las posibilidades reales del país:

«El mercado comercial se caracteriza por la búsqueda individual del interés propio. Es improbable que esto origine demandas irresistibles, superiores a lo que la economía pueda proporcionar. Los individuos están sujetos en su vida a restricciones presupuestarias; no pueden gastar más de lo que puedan ganar o pedir prestado.
El mercado político se caracteriza por la búsqueda del interés propio de los grandes grupos, donde no existen tales restricciones presupuestarias individuales. Los electores pueden exigir con gran facilidad mayores trozos del pastel sin llegar a ningún acuerdo con los que se suponen que tendrían trozos más pequeños. Los costes de las prestaciones, tanto si están cubiertos por los impuestos como si lo están por la inflación, no tienen que corresponder necesariamente a los grupos que se benefician de ellas. En cada caso particular (...) existe un fuerte incentivo para que el grupo de interés presione tanto como le sea posible para que se satisfagan sus demandas, sin tener en cuenta ninguna disciplina sobre la suma total de las demandas de todos los grupos de interés».
Samuel Brittan

2) Esta cita nos sitúa ante dos evidencias: la existencia de intereses sectoriales (lobbies) que acechan y rodean permanentemente a los círculos de poder, y la rebelión fiscal de los más perjudicados por el sistema vigente, que generalmente suelen situarse fuera de las élites dominantes, entre las clases medias. Estos son los sostenedores de los intereses creados de las minorías.
3) La presión por parte de los grupos de interés en busca de concesiones en forma de medidas sociales o sectoriales tiene una fuerte repercusión sobre las arcas del Estado. El acceso y la apelación a la deuda y al déficit sistemático, como hemos insistido reiteradamente, así como el recurso a la inflación, son unos mecanismos de provisión de fondos que repercuten muy negativamente sobre las propensiones al ahorro y al consumo.
4) Sin embargo, al contrario de lo que se piensa habitualmente, el Estado social no ha paliado las desigualdades sociales, sino que, o bien las ha mantenido, o las ha acentuado gracias al recurso de los más ricos al fraude y a la evasión fiscal. Más bien lo que se observa es una redistribución de rentas desde las clases medias, sin posibilidad de escape fiscal, a las más pobres (en forma de subsidios) y a los más ricos (en forma de subsidios a la producción y a la contratación, bonificaciones, ayudas sectoriales, etc.). Ello, cómo no, coadyuva tanto a la rebelión fiscal de la que hemos hablado como al fin de la consciencia solidaria:

«Pero el bienestar social (...) no estaba redistribuyendo recursos desde los ricos a los pobres. Más bien, fue un sistema de redistribución horizontal que supuso transferencias intraclases más bien que inter-clases. En términos absolutos, el sistema impositivo fue escasamente progresivo mientras que la universalidad de los servicios sociales significaban que ellos beneficiaban del mismo modo a pobres y ricos».
R. Mishra

Esta situación de facto, además de suponer un fraude social (pues está muy alejada del principio de progresividad y de capacidad de pago que sustenta la teoría fiscal y hacendística más extendida, y aun más del principio de igualación de derechos y oportunidades que nosotros propugnamos) acentúa el resentimiento intraclases (de los que pagan hacia los que no pagan) y confunde el verdadero origen del problema, que es la falta de responsabilidad y la impunidad de los sectores más acaudalados con respecto a los demás: ello se traduce, una vez más, en un favorecimiento de actitudes insolidarias y en el voto a las alternativas políticas de carácter conservador (que propugnan el Estado mínimo, despojado de responsabilidades sociales).
5) Dentro de los ámbitos administrativos y de poder se ha creado una conciencia de casta, con derechos especiales y con responsabilidades poco claras. La burocratización, la funcionarialización, el establecimiento de categorías, las jerarquías, el corporativismo, la dejación o reparto gregario de responsabilidades, etc., son los aspectos negativos que se contraponen a las indudables ventajas del código napoleónico-weberiano de la función pública. Pero más allá de la responsabilidad «funcionarial», cabe hablar de la responsabilidad «política», que no se corresponde con los criterios de economicidad y «riesgo y quiebra» aplicables en el sector privado. Ello incide en el derroche y la ineficiencia (o en la simple corrupción) que ha arruinado buena parte de la credibilidad del sector público.
6) Pero también entre los beneficiarios de los bienes y servicios públicos cabe encontrar vicios y disfunciones, pues está demostrado que en demasiadas ocasiones ciertas medidas de compensación de rentas o de carácter subsidiador desincentivan la inserción en el mundo laboral o el ahorro en el uso de los bienes y servicios públicos. Aquí son aplicables los principios de azar moral y selección adversa de los que nos ocuparemos con más detalle en la tercera sección.
7) Entre numerosos autores existe el convencimiento de que la consolidación de unas estructuras gregarias o corporativas (con carácter democrático, en oposición al corporativismo fascista) ha venido a complicar el estado financiero global, al oponer los intereses de los sectores corporativos (ciertamente amplios, al representar a los llamados «agentes sociales»: trabajadores con empleo estable, gran patronal y Gobierno) frente a los sectores no representados o defendidos por tales poderes gregarios (los desocupados, la economía periférica, marginal y, en general, competitiva). Así pues, la llamada «negociación colectiva» sería un reparto de rentas y prebendas a espaldas de los sectores «periféricos» o «pasivos», tales como parados, amas de casa, trabajadores eventuales, jóvenes, etc.
(Es oportuno señalar que existe otra interpretación más «positiva» del fenómeno corporativo, al identificarlo con el modelo austro-nórdico del bienestar, de carácter integracionista y negociador, frente al modelo conflictivista convencional de los sindicatos de clase o sectoriales.)

Como suele suceder, la verdad general participa de las distintas verdades y voluntades parciales. Se suele afirmar que el modelo del Estado asistencial está en bancarrota, desacreditado, y que ni siquiera tiene perspectivas de viabilidad futura. Tal interpretación (neoconservadora) le atribuye el cuadro de estancamiento con inflación (más controlada, a costa de menos consumo y más estancamiento). Sin embargo, ¿cuál es su alternativa? La evidencia parece apuntar a una sociedad desvertebrada, profundamente incierta e injusta, con situaciones de enquistamiento y retroalimentación de las situaciones de pobreza y riqueza, segregadora y represora en lo social y en lo policial. Ello podría tener un alto coste en materia de paz social.
(A veces se afirma que la globalización de los mercados y la emergencia de nuevos países industriales nos aboca a ello. Pero cabe preguntarse si será a costa de volver a la esfera del «vivir para trabajar», cuando parecía que habíamos llegado a un nivel que nos permitía «trabajar para vivir».)
La realidad parece indicar que el pudor y la sensibilidad que históricamente (a partir de la segunda mitad del siglo XX) se había alcanzado en materia de exhibición y ostentación de la riqueza y el boato se ha perdido en beneficio de un renovado chabacanismo grosero (cultura de la ostentación). Ello puede ser un signo distintivo de los nuevos tiempos, cuya lectura negativa vendría a reafirmar que se ha perdido lo que tanto tiempo costó construir: el imperativo moral y solidario que distingue a las sociedades humanistas y civilizadas de los estados de barbarie y de luchas fraticidas.
Tal vez una vía de reencuentro con ese espíritu solidario en decadencia sería la de buscar renovadas (y remozadas) certezas, en forma de un catálogo sólido y coherente de ideas que sustituyan a las hoy en día en crisis:

«Tras un largo interludio en el cual el modelo Keynes-Beveridge (...) parecía adecuado para el capitalismo del bienestar, parece haber llegado el tiempo una vez más para bucear en el mercado de las ideas y de las instituciones».
R. Mishra

Síntesis histórica

Podemos preguntarnos cuál ha sido el proceso histórico de desarrollo del modelo de protección social. Como todo ente de carácter social (y por tanto histórico), tiene orígenes teóricos y un desarrollo temporal enraizado en bases nacionales diferenciadas, en función de contextos y premisas específicos. Los equilibrios sobre los que se apoyan los diferentes regímenes de protección social (categorías de intervención o modelos de financiación) son producto de procesos complejos, adaptados a situaciones diversificadas. Con este ánimo hemos de imbuirnos en la problemática de la Seguridad Social, y más todavía, en el estudio comparativo de los diferentes países donde ésta tiene carta de presencia.

Los orígenes

El Estado protector (o el Estado del Bienestar, según su acepción más conocida) no es fruto de la voluntad benefactora de tal o cual filántropo. Es el último eslabón de un largo proceso histórico, en el cual se fue gestando y desarrollando el embrión de lo que posteriormente serían los diferentes sistemas de la moderna Seguridad Social. La intrusión de los poderes públicos en cuestiones «asistenciales» no es en absoluto reciente. Sólo cabe recordar las distribuciones de cereales (llamadas frumentationes) en la antigua Roma, en época de escasez (no obviemos, por otro lado, la motivación ideológica o política de tales prácticas); durante la Edad Media ciertas instituciones, como algunos hospitales, fueron creadas con intención benéfica (el pensamiento de Juan Luis Vives -1492-1540-, y más concretamente su tratado De subventione pauperum sive de humanis necessitativus, aboga por la intervención social en favor de los necesitados, idea que apunta a un derecho subjetivo a las prestaciones sociales). No olvidemos tampoco el rico legado de las cofradías, o de las mutualidades que, en materia de salud o funeraria, arrancan de la época romana y se consolidan en la Edad Media y Moderna (ligadas en la mayor parte de los casos a prácticas y organizaciones de tipo gremial o corporativo).
Como en tantas otras cosas, la Revolución Francesa también fue precursora en este aspecto:

«En el tránsito del siglo XVIII al XIX la concepción del Estado como mero guardián de las libertades y las propiedades de sus miembros, elaborada por los pensadores de la Ilustración, de Locke (1633-1704) a Montesquieu y Burke, da paso a una concepción, que arranca si acaso de Robespierre (1758-1794) y de Babeuf (1760-1797), según la cual dar instrucción a todos los ciudadanos y socorro a los que no están en condiciones de trabajar constituyen también funciones esenciales del Estado. Con el triunfo de esta última concepción se suministra una base ideológica al Estado protector».
Alfonso Barrada

Posteriormente a la fallida «revolución de los iguales» de Babeuf (durante la revolución francesa), se hace coincidir con el establecimiento, por Bismarck, de los primeros seguros sociales obligatorios (en la década de los ochenta del siglo XIX), la asunción por parte del Estado (en su acepción más genérica) de las funciones de protección social. Fueron teóricos del calibre de John Maynard Keynes y Hermann Heller los que introdujeron un fundamento teórico a la función asistencial del Estado capitalista (a éstos hemos de añadir los nombres de Lord Beveridge, A. Pigou, y otros). Después de la crisis mundial de los años treinta de este siglo (y del famoso New Deal rooselvetiano), y pasado el trago amargo de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron en Europa los cimientos de la actuación asistencial del Estado. Y fue a partir del último tercio del siglo XX cuando los gastos sociales de las AA.PP. de los países más avanzados han llegado a predominar sobre el resto del gasto público. Es decir, es en los últimos decenios del siglo XX cuando el «Estado protector» ha llegado a consolidarse como un fenómeno arraigado en Europa.
Vayamos por partes. Más allá de la justificación teórica de la intervención social hemos de resaltar dos grandes hitos en la puesta a punto de los modernos sistemas de Seguridad Social: su institucionalización formal en Estados Unidos y el desarrollo del llamado Informe Beveridge.
El término Seguridad Social nace en Estados Unidos, con la aplicación de la Social Security Act en agosto de 1935. Pero más allá de su significación terminológica, supuso un enorme avance el pasar del restringido concepto «seguro social» (tal como era entendido en el entorno germánico del momento) al vasto objetivo de la «seguridad social». La noción de protección social que el término «Seguridad Social» implica (cobertura, a favor de cualquier ciudadano, de todos los estados de necesidad objetiva, independientemente de su edad o condición social) es una idea tan ambiciosa «que las restricciones impuestas luego por su coste descomunal han hecho que la seguridad social sea al mismo tiempo el techo (lo que se quiere) y el suelo (lo que se puede) de la protección social o, lo que es igual, un mito y un dato raramente coincidentes» (Dictamen y Asesoría, S.L. Lecciones de Seguridad Social. Akal, Madrid, 1996. Pág. 15.).
Este avance del concepto «seguro social» al de «seguridad social» implica todo un cambio de filosofía:

«La primera consideración que estas observaciones sobre el significado de las palabras sugiere es que, mientras locuciones como "asistencia pública" y "seguro social", usadas para designar determinados ordenamientos, se refieren al instrumento a través del cual los propios ordenamientos se proponen alcanzar sus fines sociales, la locución "seguridad social", también usada para designar un tipo de ordenamiento, se refiere a la finalidad que intenta conseguir este tipo de ordenamiento. Esta nueva, distinta postura tiene un significado que trasciende la mera cuestión terminológica: se mantiene para indicar un cambio de dirección, en virtud del cual un plan de acción social se escribe en función de su finalidad y no en función de un determinado instrumento».
Augusto Venturi

La filosofía que inspira esta concepción de Seguridad Social (en oposición al concepto tradicional de «seguro social», de base actuarial y profesionalista o corporativa), la podríamos resumir en una idea: el paso de una concepción negativa a otra positiva de los derechos del hombre; desde aquella que previene contra toda acción que perturbe la manera de vivir, actuar o poseer del hombre (J. Locke o A. Smith), a aquella «pretensión esencialmente positiva de que la sociedad garantice al individuo los bienes considerados fundamentales para una vida liberada de la engorrosa necesidad» (Augusto Venturi).

Sin embargo, tal como hemos señalado un poco más arriba, una formulación filosófica (o mera declaración de intenciones) es papel mojado si no se aplican los medios necesarios para su puesta en práctica. De aquí la importancia del llamado Informe Beveridge. Éste tiene como base el encargo que hizo, en 1941, el gobierno británico a una comisión dirigida por William Beveridge, a fin de reformar, planificar y unificar la política de seguros sociales del momento (a este informe le siguió un segundo, en 1944, destinado a promover políticas de pleno empleo). Beveridge, en definitiva, descalifica el sistema -de raíz germánica- de seguros sociales aislados y dispersos «para ofrecer después una visión nueva, inspirada en la idea motriz de liberación de la necesidad, a través de una adecuada y justa redistribución de la renta. En esta nueva visión, el sistema no puede reducirse a un mero conjunto de seguros sociales, sino que junto a ellos tienen cabida la asistencia nacional, un servicio nacional de salud, la ayuda familiar, así como manifestaciones complementarias de seguros voluntarios».
José Almansa Pastor

Las bases de este informe las podemos resumir en los siguientes principios: 1) unificación del aparato de seguros sociales vigentes en su tiempo, con cotización única y gestión centralizada; 2) universalización subjetiva de la protección, que cubre a todos los ciudadanos y no sólo a los trabajadores; 3) generalización igualatoria, independientemente de las circunstancias objetivas del beneficiario; y 4) financiación tripartita entre trabajadores, empresarios y Estado. Se puede afirmar que este sistema, en base a los citados principios, y no el que se inició en 1935 en los Estados Unidos, es el sustrato del moderno concepto universalista de Seguridad Social vigente aún en el Reino Unido, en oposición al modelo contributivo de raíz germánica vigente en España (este particular será estudiado en un capítulo posterior).
¿Qué relación tuvo este informe con el sustrato social de filiación obrera, sindicalista o socialista? Douglas E. Ashford, en La aparición de los Estados del bienestar, destaca que el propio W. Beveridge reconoce su deuda intelectual con los fabianos ingleses. Sin embargo, en su obra Las bases de la Seguridad Social, Beveridge extiende dicha deuda política e intelectual:

«El seguro social no es un coto de ningún partido. Los conservadores dieron el primer paso hacia la seguridad social en un campo especial -el de los accidentes industriales- por medio de la ley de indemnizaciones obreras de 1897. Los liberales echaron los cimientos de nuestro actual sistema con las pensiones no contributivas en 1908 y el seguro sanitario y de desocupación de 1911. Los conservadores incluyeron en 1925 las pensiones contributivas para la viudez y los huérfanos. Mi tarea actual me fue encomendada por dos ministros del partido laborista».
Sir William Beveridge

(La peculiaridad del caso reside en que las bases obreras vieron con escepticismo, en un primer momento, la aplicación de tales medidas, que supuestamente desviaban la atención de otros objetivos considerados prioritarios: salarios, horarios de trabajo o la salvaguarda sin interferencias de la autonomía obrera.)
El último acto del nacimiento del actual modelo de protección social tuvo lugar en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Filadelfia en mayo de 1944. La Recomendación número 67 de sus actas abogó básicamente por los mismos principios expuestos por sir W. Beveridge: unificación de los sistemas de seguro social, su universalización y la disminución de desajustes y anomalías de su desarrollo. En 1952 la OIT aprobó, con carácter normativo y vinculante, el convenio número 102, conocido como «norma mínima en materia de Seguridad Social».
En definitiva, la evolución de la protección social, hasta su moderna materialización en los distintos sistemas de Seguridad Social, sigue una línea ascendente que parte de la intervención (caritativa) en favor de los pobres, pasa a una protección (gremial, corporativa o profesional) de los trabajadores, y desemboca en una protección (universal) de los ciudadanos, por lo menos en cuanto a los servicios en especie (sanitarios, excepto en el modelo norteamericano).

La discusión entre los principios de solidaridad y de responsabilidad

Ciertos círculos liberales sostienen que el Estado del Bienestar está haciendo más daño que bien al tejido social y económico (a los incentivos para trabajar y ahorrar, al fondo de capital que permite acumular, etc.) Básicamente se razona en términos de eficiencia, dejando al margen criterios de equidad, pues -se arguye- si se perjudica el tejido productivo mediante regulaciones e interferencias externas (gastos, transferencias y detracciones impositivas de carácter público) se laminan los recursos que -en una economía libre- generan riqueza.
En este punto no nos limitaremos a reflexionar sobre la justificación «economicista» de las respectivas posturas (la que defiende la responsabilidad frente a la que antepone la solidaridad) sino que, además, abordaremos argumentos de claro contenido moral y político. Comencemos por la visión denominada conservadora. Ésta, por supuesto, defiende la noción de «responsabilidad» porque sería la que más se ajusta al principio de que cada uno es libre de actuar como le plazca, siempre que se haga responsable de sus actos:

«La libertad no sólo significa que el individuo tiene la oportunidad y responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables».
F.A. Hayek

Los conservadores consideran que el establecimiento de políticas globales de protección social, lejos de asegurar la libertad y la independencia de las personas beneficiadas (y de la sociedad en su conjunto), las encadena a un estado de pasividad y sujeción que, a la postre, perpetúa su situación de precariedad. Esta dependencia se traduciría en una sutil tiranía que sofocaría las ansias de libertad de los individuos, sobre todo la de aquellos individuos «industriosos» que no se sienten responsables del bienestar de los demás:

«El individuo debía perseguir su propio interés con la mínima interferencia, de ahí que la crítica fundamental a los programas sociales se centrara en su incidencia negativa sobre la iniciativa individual. La dependencia de la beneficencia, se argüía, se había convertido para algunos en un "modo de vivir", en "la falsa economía de la parsimonia". Se llegó a hablar de una "cultura de la pobreza", para explicar que ésta respondía a características intrínsecas de los pobres y no al producto acabado de unos males sociales que podían solucionarse. El peligro de tal concepción residía, como advirtiera una reformadora social, en la facilidad con que se pasaba a "la acusación de que los pobres tienen la culpa de serlo"».
F. López Castellano y J. Ortíz Molina

Los representantes más conspicuos del neoliberalismo (sería el caso de F. A. Hayek) identifican esta intromisión del Estado en la libre decisión del rico -por lo que respecta a su voluntad soberana de asistir o no al pobre- con puro y simple socialismo, obviando el hecho de que «a pesar de las intensas emociones suscitadas por la aparición del socialismo, la adaptación del Estado liberal a las necesidades del Estado de bienestar no tuvo nunca nada que ver con la construcción de una sociedad utópica ni dejó a los gobiernos al arbitrio de las sucesivas exigencias» (D.E. Ashford). La aparición de los Estados de Bienestar ha sido un proceso gradual, natural, fruto de los avances en la productividad (generación de nueva riqueza), de los cambios en las mentalidades (humanismo) y de la creación de un nuevo clima social proclive al pacto y a la concordia social (en relación a la cultura del conflicto). No reconocer este hecho equivale a retrotraerse a una cultura política ya superada.
En la órbita de las justificaciones de orden económico, los conservadores más recalcitrantes hacen más hincapié en la esfera de la eficiencia que en la de la equidad: es decir, anteponen el principio de azar moral (promediación de la responsabilidad) al principio de selección adversa (promediación del riesgo); nótese que ello equivale a anteponer la responsabilidad a la solidaridad. A efectos prácticos, esta pretensión equivaldría al abandono de la noción de seguro social (que garantiza automáticamente el derecho a las prestaciones al verificarse la contingencia prevista) en beneficio del de asistencia (es decir, la intervención ad hoc, discrecional, para la reparación de los daños producidos por la contingencia, o hecho previsto). Lo que implica una minusvaloración de la impronta ética que informa a todo el sistema de seguro social: es decir, la que supera el concepto de beneficencia, compasión o piedad voluntarista, y lo sustituye por la obligación universal de la colectividad con respecto a los ciudadanos, sea cual sea la situación subjetiva del beneficiario (en otras palabras, la que pasa del derecho negativo al derecho positivo).
Frente a la visión catastrofista de los conservadores, que claman contra la supuesta pérdida de referentes de libertad y responsabilidad, otros autores progresistas alegan que no se puede contemplar el panorama social sin tener en cuenta el marco de posibilidades tecnológicas y económicas dado, así como los cambios en los valores y las pautas sociales. John Hicks afirma que esta sociedad puede (y debe) cuidar más de sus ciudadanos sencillamente porque es más rica, y desde el momento en que la riqueza no tiene sentido si no produce un beneficio tangible, la sociedad no sólo tiene el derecho, sino también la obligación de su disfrute y de su más justo reparto:

«No somos tan "ricos" como para que haya desaparecido la necesidad de más riqueza; pero esa necesidad se ha hecho relativamente menos urgente. En consecuencia, los problemas de la combinación de la seguridad con la libertad, la equidad con la responsabilidad, pasan al primer plano».
John Hicks

Por otro lado, J.K. Galbraith señala cómo la seguridad, en lugar de ser una carga para el sistema, permite mejorar la «motivación» de la población, disminuir deseconomías y costos sociales, y optimizar su funcionamiento:

«(...) La creciente preocupación por la seguridad, lejos de estar en conflicto con un aumento de la productividad, contribuía al establecimiento de un ritmo muy acelarado de progreso. Los aumentos más impresionantes en la producción de los Estados Unidos y otros países occidentales han tenido lugar a partir del momento en que los hombres comenzaron a preocuparse de la reducción de los riesgos propios del sistema de mercado» (J.K. Galbraith).

Más allá de las justificaciones doctrinales de los intelectuales y los estudiosos, lo que cuenta es el saldo que deja el sistema de protección social, no sólo en lo económico sino también en lo social. Si el sistema de protección social resuelve o no los problemas básicos protegidos por él (salud, seguridad económica, incertidumbre) es el dilema importante; las disquisiciones eruditas o filosóficas son lo de menos. Por lo pronto, en el siguiente capítulo nos centraremos en las distintas modalidades de financiación y protección en diversos países del entorno social y económico occidental.

¿Una etapa de transición?

Podemos atribuir una importancia capital a las transformaciones que se están operando en el terreno de la tecnología, que han incidido de una manera u otra en todos los sectores productivos (aumentos de productividad), así como en cambios sociales de consideración (mass media, educación, esparcimiento, sanidad, cultura, movilidad, etc.) No es casualidad que en los últimos años las sociedades avanzadas se encuentren inmersas en una crisis estructural latente (paro estructural, estanflación, pérdida de competitividad y mercados, inestabilidad monetaria y cambiaria, etc.), pues ésta no sería más que el síntoma de un largo y penoso proceso de ajuste, reestructuración y consolidación de un nuevo modelo productivo:

«Una crisis es el punto de inflexión a partir del cual las cosas cambian, es el punto álgido donde se llega después de una sucesión de acontecimientos que "tocan techo": más allá de la crisis está el cambio, la evolución, el progreso en una dirección alternativa a la que se ha seguido» (Movibaix. «Societat i valors», en Azimut (coordenada 1), Coordenades per al futur. Pág. 9.).

A veces los sociólogos y los economistas dibujan un escenario simplificado de esa clase de transformaciones en clave de «progreso», caracterizándolo como una «tercera revolución industrial», que tendría su trasunto en una llamada «sociedad postindustrial». Ésta dibujaría una sociedad caracterizada por la atenuación de las diferencias sociales, por una fragmentación en múltiples grupos en situación de competencia (no de incompatibilidad), y por el desarrollo de nuevas clases medias. Entre trabajadores proletarios (de cuello azul) y profesionales y empleados de cuello blanco existiría un continuum sin rupturas. En definitiva, tal sociedad habría de ser analizada en término de estratos, no de clases.
Pero, como hemos reconocido, si bien se han producido significativas transformaciones en la esfera productiva y social a partir de la implantación de las nuevas tecnologías, es dudoso hablar de «revolución postindustrial», o simplemente de «sociedad postindustrial». ¿Por qué? Porque no hay nada que permita demostrar que exista una discontinuidad estructural entre las sociedades denominadas «industriales» y las «postindustriales». Tal como afirma K. Kuman: «... No hay un cambio cualitativo, ya que no se trata más que de la intensificación de unas tendencias presentes ya desde hace por lo menos un siglo», aunque sí puede haberse producido algún cambio en el ámbito de la conciencia subjetiva, lo que puede haber generado discontinuidades reales «en la autoconciencia colectiva de la forma y la sustancia de la sociedad...» (K. Kumar).
Es decir, no hay nada que invite a pensar en que estos cambios sean el resultado de una «transformación revolucionaria» de los modelos económicos y sociales vigentes, sino más bien al contrario, parecen ser una acentuación de procesos regresivos de clara componente neoliberal: «La idea post-industrial es conservadora, no solo en un sentido político, sino también intelectual. Los temas de su análisis proceden de algunas de las ideas centrales de la tradición clásica» (K. Kumar). De aquí que más que una sociedad «postindustrial» convenga hablar de una sociedad «transindustrial», pues todavía no se ha superado el industrialismo (entendido en clave liberal), y más bien al contrario, se están acentuando sus componentes más retrógrados (corporativismo, desestructuración social, alienación, darwinismo social...)
Queda claro que nos situamos ante una «evolución», no ante una «revolución», y que aquella, más que un paso adelante, ha supuesto un retroceso en el plano social para millones de personas sin acceso a los santos lugares de la «buena nueva postindustrial». (La lógica de los ideólogos de la «revolución postindustrial» se resumiría en lo siguiente: «Nos encontrábamos ante el abismo; afortunadamente hemos dado un paso adelante».)

De la sociedad de la información a la sociedad de la alienación

Según el parecer de los especialistas, el traslado de la fuerza de trabajo desde la industria y la agricultura hasta el sector terciario sería una de las fases de la transición hacia una sociedad postindustrial. Si ello fuese así efectivamente, prácticamente todos los países de capitalismo avanzado se encontrarían inmerso en ese estado de desarrollo.
Es un hecho que históricamente se han producido trasvases de población desde unos sectores productivos a otros. Sería el fenómeno conocido como «las tres flechas»: una primera, la que representaría las actividades extractivas (agricultura, minería, pesca, ganadería, silvicultura..., o sector primario), ha seguido una tendencia negativa -proporcionalmente- de valor añadido y fuerza de trabajo en relación al conjunto de la economía, cediendo protagonismo a una segunda flecha, la de las actividades transformadoras o industriales (sector secundario), que ha mantenido una evolución positiva, simultáneamente a la creciente importancia del sector manufacturero.
No obstante, esta segunda flecha llegó a un punto de inflexión hacia los inicios de la segunda mitad del siglo XX (1950 en Estados Unidos, 1955 en Alemania y Gran Bretaña, 1965 en Francia, 1970 en Italia). Es así cómo el sector secundario pasó de ser un receptor de mano de obra del sector primario a exportador neto de trabajadores, que en su mayor parte se dirigen al sector terciario (o de servicios), cuya flecha continúa, todavía, aunque con síntomas de estancamiento, una evolución positiva.
Hay quien interpreta este fenómeno de manera negativa: como un síntoma de decadencia de la actividad industrial, como una disminución de las actividades productivas y un aumento de las actividades asistenciales y parasitarias (y por tanto improductivas). Ello da idea de un cierto sabor «clásico» (recordemos que estos, en general, rechazaban el carácter productivo de los servicios), además de una cierta estrechez de miras: se supone que el sector terciario no es generador de riqueza (al menos en la misma medida que los dos primeros), cuando es evidente que éste es muy dinámico, generador neto de empleo y está menos sujeto a las coyunturas recesivas de la industria (si bien tiene tasas más altas de rotación y mortalidad empresarial, por su carácter minifundista). Ello, y su falta de inserción en un mercado abierto global, explica el mayor protagonismo inflacionario de los servicios personales y productivos.
(Aun así, la crisis estructural que sufren las estructuras productivas también ha salpicado al sector servicios. Éste, considerado como un depósito de absorción de fuerza de trabajo proveniente de otros sectores económicos, se ha visto especialmente afectado por fenómenos de reconversión económica y tecnológica, lo cual se ha traducido en excedentes de plantilla y en paro tecnológico.)
Pero aquí no se agota este razonamiento. Según los teóricos, del sector terciario se habría desgajado un subsector, que por su importancia cualitativa podría considerarse un «cuarto sector», el sector cuaternario, o de la información. La definición del mismo difiere según las fuentes: mientras unos lo reducen al estrato más cualificado de los «emisores de ideas» (investigación, software para ordenadores, telecomunicaciones, medios de difusión, diseño, publicidad, consulting...), otros incluyen en él todas las actividades «difusoras de información» (las anteriormente reseñadas más otras, como enseñanza, trabajos de oficina, espectáculos, correos, ediciones de libros e imprentas, museos y bibliotecas, derecho, psiquiatría, etc.)
¿En qué consistiría la idea directriz de este mensaje? En que la clave del éxito futuro se fundamentará en poseer la mayor cantidad de información posible; o, dicho con otras palabras, en la cualificación que se pueda aportar al mercado de trabajo. Pero la realidad no está tan clara: el mercado de trabajo no está preparado todavía para absorber toda la oferta laboral cualificada (excepto en algunos sectores de carácter técnico próximos a las necesidades productivas y domésticas claves en nuestra sociedad). Es evidente que, al menos a corto término, la esperanza en el llamado «sector cuaternario» como depósito de fuerza de trabajo ahora no ocupada está por demostrar.
Una última observación. Para los optimistas, la «sociedad de la información» equivale a una «sociedad de hombres libres» (fácil silogismo: si la información da criterio, y éste libertad, la información da libertad). Pero este razonamiento es cuanto menos dudoso: primero, porque sólo una minoría (aunque esto sí, cada vez más mayoritaria) puede acceder a tal información; segundo, porque esta información es autocomplaciente (es decir, es aquella que permite moverse con provecho y agilidad en una sociedad dada, no toda la información posible); tercero, porque, en cambio, otras variedades de información (es decir, otras pautas culturales), han sido dejadas de lado (sin reparar en que éstas puedan ser quizás a largo plazo más viables y satisfactorias); y cuarto, porque al sumir a una parte importante de la sociedad en el ostracismo, o en actitudes puramente imitativas, tal información pasa a ser alienación: esta información no es personal, sino integradora, acrítica y homogeneizadora (y colateralmente tiene consecuencias desestructuradoras, al desvertebrar antiguas pautas culturales y sociales: familia, solidaridad, patria, compasión, humanidad...)

Del capitalismo con rostro humano al capitalismo sin rostro

Si por un lado está en crisis un modelo productivo y de reparto de poder y conocimientos, en evolución hacia un futuro imprevisible, pero que no parece que se perfile en clave de «progreso social», sino más bien de «regresión» y elitismo social y cultural, desde el punto de vista político se está operando un proceso colateral de socavamiento de las bases teóricas y prácticas de la «cultura de la solidaridad».
Más allá de la componente keynesiana de la Sociedad del Bienestar, hay otra, de tenor político, atribuible a la socialdemocracia evolucionista. Hermann Heller (en concreto, su opúsculo Las ideas socialistas) establece que el Estado Social de Derecho constituiría un estadio intermedio en el proceso superador de las condiciones de vida burguesas, mediante la intervención directa del Estado en la transformación de las relaciones de producción a partir de la socialización productiva.
El Estado Social constituiría un nuevo modelo de Estado capaz de integrar, en la unidad estatal, los antagonismos sociales sobre la base de un compromiso de clases mediante el cual los intereses opuestos (fundamentalmente los del trabajo y el capital), a través de una serie de concesiones, y del papel mediador o regulador del Estado, se pondrían de acuerdo a partir de objetivos comunes: «La propuesta de Heller consistiría en llenar al Estado de contenido social atribuyéndole funciones que le permitan enlazar con la sociedad y reestablecer en su seno aquella "homogeneidad social" rota por la lucha de clases»
Este modelo no sería sólo una mera construcción teórica. Podríamos caracterizar cuatro condiciones básicas definitorias del verdadero grado de consolidación del mismo: una primera, esencial, sería la consecución del pleno empleo, gracias a una política keynesiana y a una gestión pactista o negociada de los conflictos laborales; una segunda, de carácter histórico, es su papel de asistencia social, que garantiza un mínimo vital a cualquier ciudadano, por derecho de ciudadanía (lo que indirectamente afecta a los salarios, que han de situarse muy por encima de este mínimo vital, de cara a desincentivar actitudes parasitarias); una tercera precondición sería la existencia de una serie de seguros sociales (invalidez, enfermedad, vejez, paro, etc.); y la cuarta, la educación pública, gratuita y universal (desde el jardín de infancia hasta la Universidad).
Este esquema ha prosperado, en los países avanzados, durante más de un cuarto de siglo. No obstante está en horas bajas: la socialdemocracia, su principal impulsor (aunque este término se ha de desgajar de su acepción política, para incardinarlo en su acepción social, por lo cual una política de talante «socialdemócrata» puede ser perfectamente impulsada desde un amplio espectro de preferencias políticas) ahora se limita a gestionar la crisis; ya no se prioriza el factor social, sino la creación de empleo a toda costa (funcionarial, precario, sumergido o a tiempo parcial).
(No es éste el lugar adecuado para ocuparnos de las causas «eficientes», aducidas por sectores liberales, que habrían desacreditado las políticas de talante socialdemócrata. Pero haremos un somero repaso de ellas antes de continuar adelante: ralentización del crecimiento económico y final del pleno empleo; gastos crecientes de reestructuración del sistema productivo; explosión de gastos sociales y, consiguientemente, de la carga fiscal; el elevado incremento y rigidez de los salarios y la pérdida de «competitividad» respecto a otros países con costes salariales más bajos; pérdida del «imperativo moral del trabajo», etc.)
Así pues, la componente social y moral de este modelo se hunde: al convertirse el bienestar de los ciudadanos en una responsabilidad exclusiva del Estado, la solidaridad social se hace invisible, el imperativo moral se relaja y la configuración individuo-sociedad pasa a ser la de individuo-consumidor. Habría sido la tendencia homogeneizadora e integradora que estaba en la base de la filosofía del sistema de Welfare el principal elemento disgregador que ha corroído sus cimientos: las clases medias, insatisfechas por el funcionamiento de este sistema (altos impuestos, indefinición de su status social en relación al de la clase obrera...), acaban desentendiéndose del «imperativo moral» y dejan de ser compañeros de viaje de los obreros cualificados, aliándose con los impulsos desreguladores del libre mercado y del capitalismo salvaje. Consiguientemente, la búsqueda de soluciones a los problemas sociales también se individualiza: el ciudadano medio, la clase media, ya no siente la obligación de «socorrer» al parado o al ciudadano desvalido. En esta situación, toda la estructura que da pie a la Sociedad del Bienestar se desploma (el caso más avanzado de evolución hacia este escenario es indudablemente el de los Estados Unidos)
El Estado del Bienestar llevaba en su interior el germen de su propia autodestrucción: la homogeneización social a la larga ha generado desestructuración, individualismo e insolidaridad. Este sistema social puede tener éxito en lo económico (puede crear una economía de mercado regulada por el Estado, que siente las bases de amplios procesos de crecimiento -a su vez fuente de desequilibrios- a causa de un consumo compulsivo y derrochador, garantizado por una alta estabilidad social), pero hace bancarrota en lo humano.
Esta bancarrota se materializa en la consolidación de un tejido social fragmentado e insolidario, expresado en un término que pretende englobar un conjunto de situaciones de marginalidad, de exclusión, de pobreza al fin y al cabo: el concepto sociedad dual (o «sociedad de los dos tercios»). Dual, en una sociedad con un alto nivel tecnológico, equivale a «fragmentado», «segmentado», estado en el cual se producen fenómenos de paro estructural (a menudo de carácter tecnológico) y nueva pobreza.
El esquema básico de esta sociedad sería el siguiente: un primer sector, el más pequeño numéricamente, estaría constituido por la clase ilustrada dominante, con puestos de trabajo fijos y bien remunerados, así como con una alta cualificación técnica y profesional; el segundo sector correspondería a los trabajadores asalariados, bien cualificados, y con trabajo fijo, que consiguen participar, aunque sea de modo subsidiario, de una economía próspera; el tercer sector lo conformarían los pobres clásicos y persistentes, atrapados en el «círculo vicioso de la pobreza», los parados de larga duración (con o sin subsidio), los trabajadores sumergidos, amplios sectores de jóvenes sin trabajo, muchos pensionistas y jubilados, y un largo etcétera...
Este fenómeno sería fruto de la introducción de los nuevos avances tecnológicos, y de la consiguiente dualización y segmentación entre un sector económico central y otro periférico en la economía y el trabajo (el primero estable, el segundo eventual y precario), así como de los elevados baremos de cualificación profesional exigidos por el sistema productivo (que da lugar a una carrera de «competitividad por la excelencia», es decir, por la acumulación de títulos y acreditaciones académicas), del trabajo eventual y precario (sin futuro, sin expectativas), de las jubilaciones con pensiones de infrasubsistencia, etc. En definitiva, de las «nuevas formas de pobreza».
Estas nuevas estructuras económicas y sociales estarían acompañadas por una superestructura concomitante de valores y pautas culturales, que se podría caracterizar por las siguientes tendencias:

1) Integración, subordinación y alienación: sería una sociedad que haría suyos los valores hegemónicos, sin cuestionarlos. La competencia, en ocasiones agresiva, habría sustituido a la incompatibilidad entre clases sociales. Esta lucha sería tan absorbente que exigiría una sumisión total a los principios y reglas establecidos, si es que se pretende sobrevivir en este contexto social.
2) Heterogeneidad y segmentación: sería una segmentación objetiva, fruto de la progresiva complejidad del sistema económico y social (existencia de numerosas situaciones laborales, fragmentación de clase y estamento social -en los planos horizontal y vertical-, fin de la cultura de clase como la hemos conocido hasta hoy...)
3) Hedonismo e individualismo: fin de la cultura de la solidaridad y el compromiso (por la equidad y la justicia social), tal vez con su sustitución por otros valores (ecología, por ejemplo). La mayor afirmación de la «igualdad jurídica» se hace en oposición a la igualdad económica o de oportunidades. El éxito social es una responsabilidad individual (en función de las capacidades naturales, del aprovechamiento de las oportunidades, de los méritos, del esfuerzo personal, etc.) Es decir, nos enfrentamos a un nuevo «darwinismo social».
4) Insolidaridad: la sociedad ha digerido la desigualdad, la precariedad, la inseguridad vital y personal de una buena parte de la sociedad. Los dos primeros tercios pretenden vivir al margen del tercero, ignorarlo, sin preocuparse por su suerte.
5) Aceptación de los privilegios de la élite: al mismo tiempo que se aceptan las diferencias entre clases, y las posiciones sociales en situación de privilegio respecto a las cosas buenas de la vida, las clases desfavorecidas -o subalternas- se resignan ante su situación de postergación social, y adoptan actitudes imitativas, lo cual no hace más que acentuar su alejamiento de las posiciones de privilegio.

Si conjuntamos esta serie de reflexiones con lo dicho en los epígrafes anteriores, y las complementamos con otras referidas a los factores de competitividad, el papel del Estado, el juego de relaciones gregarias dentro de la empresa, y las nuevas tendencias en el marco global vigente, estaremos cerca de comprender el escenario donde nos movemos, que es aquel que caracteriza a las sociedades avanzadas en situación de transformación de sus estructuras productivas.